Joaquín Díaz Atienza. Psiquiatra.

Este año 2010 será decisivo en el desmantelamiento de las estructuras de atención a los problemas de Salud Mental Infanto-Juvenil (SMIJ) que, contra corriente, se han venido manteniendo en algunas provincias andaluzas. 

Como bien sabéis los que visitáis esta web, vengo denunciando la situación de injusticia que se da en la actual organización de la SMIJ. En primer lugar, porque no todos los niños con problemas psicológicos tienen las mismas opciones de ser tratados por el sistema: Unos seguirán siendo atendidos por los Equipos de Salud Mental Comunitarios especializados fundamentalmente en la atención a adultos. La administración argumenta que los profesionales de estos equipos poseen la especialización suficiente para hacerlo, algo que en absoluto es cierto y tampoco se soluciona con algunas charlas formativas. En segundo lugar, las condiciones de hospitalización difieren significativamente entre las distintas provincias de Andalucía. Unas poseen camas específicas, pero apartadas de los servicios de pediatría y en unas condiciones que, aunque denunciadas, no reúnen el mínimo de calidad (los pacientes aquí tratados están en clara desventaja respecto al resto de los niños y adolescentes tratados por otros problemas de salud). Otras realizan las hospitalizaciones en unas condiciones inapropiadas, tanto por la especialización de los recursos humanos como por sus insuficientes medidas de seguridad y, por último, en otras ni existen camas. 

Sinceramente, no comprendo la cerrazón de nuestros gestores, qué les impide organizar la asistencia de forma equitativa, ni el por qué ese empeño de volver reiteradamente a un planteamiento organizativo que nació ante la insuficiencia de recursos humanos especializados con los que se encontró la Reforma en la década de los ochenta. Este nuevo retroceso no encuentra ningún tipo de resistencia ante uno cuadros medios totalmente asignados a dedo y unos responsables con evidentes tics dictatoriales, como se demuestra en el hecho de que no tienen en consideración ni las demandas de los padres/asociaciones, ni la de los profesionales de los dispositivos específicos. Trabajan en la más absoluta penumbra evitando cualquier tipo de resistencia. 

Créanme que no exagero si afirmo que estamos asistiendo a la agonía del último intento de proporcionar justicia asistencial a los niños y adolescentes andaluces con problemas de salud mental.