LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO PRESTA LA ADECUADA ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALLa Junta de Andalucía no está actuando para prestarles la adecuada atención sanitaria, social, y menos aún facilitando su integración en la sociedad. La escasez de recursos no justifica dejar que los enfermos mentales se pudran en prisión. Los recursos se distribuyen según las necesidades, y a los políticos parece importarle muy poco estos enfermos. No existe coordinación alguna entre los servicios médicos de las prisiones con los servicios sociales y de salud mental del Servicio Andaluz de Salud (a parte de la voluntariedad de algún profesional), por lo que al salir de prisión quedan abandonados a su suerte. Si no disponen de acogida y medios estos enfermos pueden encontrarse, literalmente, tirados en la calle.
Los recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía: rehabilitación para recuperación de habilidades sociales y de inserción social y laboral en régimen ambulatorio, programas residenciales, programas ocupacional-laborales, programa de ocio tiempo libre, no se dispensan a las personas enfermas de las prisiones ordinarias (excepto en el módulo terapéutico de Albolote) [3]. Podemos afirmar que La asistencia integral psiquiátrica especializada, nunca se ha dispensado. De hecho a 5 de julio de 2.009 la asistencia psiquiátrica especializada se disponía de la siguiente forma [4]: del SAS acude al Centro Penitenciario de Almería, Algeciras y Málaga un psiquiatra una vez al mes; En Puerto II y Puerto III, Granada, Huelva, Morón y Málaga acude 1 psiquiatra cada 15 días; En Córdoba un psiquiatra 1 vez por semana; En Jaén, Puerto I, Alcalá de Guadaira y Puerto III no entra ningún psiquiatra. En Sevilla II no acude ningún especialista del SAS y éste es contratado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias acudiendo una vez cada 15 días. Hay que tener en cuenta que la media de población reclusa a la que atienden es de 1.800 presos en cada prisión, por lo que resulta obvio que lo más que llega la asistencia es a la prescripción farmacológica. Todo ello se ve agravado ante la alarmante problemática de la pérdida continua de citas médicas con especialistas, por falta de conducción policial, que en 2008 alcanzó en la prisión de Sevilla I una media del 38% [5]. Denunciamos que en Andalucía existe un convenio desde el año 2.006 [6] que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mismos y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Hoy en día el convenio, tres años y medio después, sigue sin aplicarse y los recursos comunitarios adecuados sin crearse ni reflejarse en las previsiones presupuestarias. Lo más vergonzoso es que todas las Administraciones implicadas, y a pesar de estar obligadas normativamente a asistir a estos enfermos andaluces, cuando son preguntados en el Parlamento por los motivos por los que no ejecutan dicho Convenio, manifiestan sin ningún pudor que los presos andaluces que padecen enfermedades mentales no son su competencia: Según la Consejera de Igualdad y Bienestar Social [7] atender a los problemas de salud de la población reclusa es competencia de la Consejería de salud. Sin embargo es ella la única que firma el convenio del que denunciamos su inaplicación y la que se compromete a trabajar las excarcelaciones. Según la Consejera de Salud [8] la responsabilidad es del Ministerio del Interior. Y para terminar de cerrar este círculo de evasión de responsabilidades, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior [9] responde que la atención especializada y hospitalaria de los internos no es competencia suya sino de los servicios de salud de cada una de las Comunidades Autónomas. A pesar de todo ello, en el día Internacional de la Salud Mental, la Consejería de Salud intentará vender la idea de lo mucho que se desvive por este colectivo y lo prioritario que es para su administración. La Consejería de Igualad y Bienestar social nada dirá al respecto, como si la atención a estos ciudadanos presos y los servicios sociales específicos para ellos (y que no existen para las personas presas) nada tuviera que ver con su gestión. Hasta que no exijamos a los políticos que respondan por su incompetencia, miles de personas que padecen enfermedades mentales seguirán hacinadas en los basureros de los fallos del sistema en los que se han convertido nuestras prisiones andaluzas.
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PROLIBERTAS
Yo quisiera como interno denunciar publicamente al centro penitenciario de sevilla 2,por que los permisos los reparten cuando ellos quieren,es decir,3 y cuatro meses despues,se pierden los permisos de las juntas conllebando ello a que la gente no salga en 5 o 6 meses,Los accidentes laborales de cocina y panaderia los encubren como baja medica y no laboral, se le deja al interno de la mano de dios el que esa persona se cure o no,pues la atencion sanitaria es pesima y aveces ni te lleban a que te vea el medico,no te facilitan informes,etc… Por otra parte en los modulos hay semanas que no lleban instancias,los funcionarios en sus cenas se artan de alcohol y se emborrachan,conllebando eso a ir a los modulos y llebarese internos para pegarles palizas.¿quien controla a esos funcionarios?estan totalmente indefensos los presos.el equipo tecnico te atiende cuando quieren y las instancias se pierden.de hay bienen los motines etc… la comida de moron es pesima y las cocineras laborales te tratan como si fueras un perro,yo denuncio esto señores